Ante la duda

Infanta imputada. Al menos, mientras la Audiencia Provincial no diga lo contrario. A punto de llegar al final de la instrucción del caso Nóos, encontramos el momento más álgido del proceso. Un nuevo movimiento que aleja el caso de la sede de Nóos y que una vez más lo acerca a los jardines de Casa Real. Los correos de Diego Torres han surgido efecto. Ahora, la infanta asume el papel de cortafuegos. En el interrogatorio de Castro a Cristina, de momento aplazado sine die hasta que se resuelva el recurso de Fiscalía, estará en juego que el fuego no prenda definitivamente la Zarzuela.
El juez Castro imputa a la infanta Cristina por “cooperación necesaria” en las supuestas acciones delictivas de su marido, Iñaki Urdangarín. Esta cooperación necesaria vendría dada por el permiso de la infanta a que el duque utilizara su nombre, su cargo y, en definitiva, a la institución monárquica, para poder recibir un trato preferente de las administraciones públicas. Siempre, con el total conocimiento de los objetivos lucrativos de su esposo. Sin embargo, en el auto de imputación, el juez Castro admite que los indicios, “aisladamente considerados”, carecen de peso para sustentar una imputación, y sólo en conjunto entiende que sí. El auto del juez se convierte en paso firme tras otro, siendo su contundencia a lo largo del texto pocas veces explícita. Pero es con claridad cómo el juez defiende que “dejar la incógnita sería un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos”. Ante la duda se invita a la imputación. No cabe el beneficio de la duda por ser quien es. Y -ojo- con mucho acierto. El juez Castro no vela así sólo por la máxima credibilidad de la justicia y del Estado de Derecho, sino también de la institución monárquica. Que la infanta quedara al margen del proceso pero envuelta en especulaciones y sombras de sospecha no daría una mejor imagen a la institución de la que tenga ahora. Su imputación iba a llegar si debía y cuando tocara. Ahora es la Audiencia quien decidirá si tocaba o no. El fiscal Pedro Horrach, del que no se puede poner en tela de juicio su labor y criterio, considera que no, que a cualquier persona acompaña el beneficio de la duda y que no valen “sospechas personales” -según el fiscal-, y no hay que menospreciar su argumentación. Pero en todo caso, Castro ha cumplido. Durante la espera se ha esgrimido eso de que no se la imputaba por ser quien es. Al final, se la imputa, de momento, precisamente por ser quien es, pero porque así debe ser. Porque el título de Infanta no conlleva sólo privilegios, sino una gran responsabilidad. Porque cualquier indicio de que mereciera, como mínimo, ser imputada y no lo fuera jugaría en contra de la credibilidad de la justicia, del Estado de Derecho y de la monarquía. Y así lo entiende Castro: ante la duda, mejor imputada.
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