El Govern de los malditos

Son los más jóvenes del Govern y tienen el control. Los nombran asesores, les pagan más de 3.000 euros al mes y luego les defienden

No pueden con ellos. Les controlan. Dominan sus mentes. Les hacen hacer cosas que no quieren. Son los más jóvenes del Govern y tienen el control. Una mirada y se arrodillan ante ellos. Los nombran asesores, les pagan más de 3.000 euros al mes y luego les defienden. Su poder es tal que Podemos dice que su presencia no es ética pero luego no pide que sean relevados. Están sometidos.

Primero fue el caso de Jordan Thomàs: ninguna formación, ninguna experiencia, 20 años y premiado asesor y a quien la decencia le hizo dimitir. Después se han ido conociendo el resto de asesores sub 30 nombrados por el actual Govern, alguno con más polémica que otro: Pau Thomàs, Eduard Soriano, Xavier Villalonga, Natalia Pérez, Aurora Bonnín. Nacidos todos ellos el mismo año: 1987. Pese a que no conste nueve meses antes ninguna perdida de conciencia colectiva, todos han sido digitados ahora.

Más allá de coincidencias y sin que tengan éstos una apariencia nórdica inexplicable ni habilidades telepáticas, lo que da más escalofríos al ciudadano de a pie son sus 46.000 euros anuales de sueldo y su ‘complejo’ proceso de acceso a la administración: el dedo. Sin embargo, a partir de ahí, teniendo la mayoría de ellos carrera y máster, habría que establecer en qué casos nos escandalizamos y en cuáles no. Siendo siempre el proceso de selección la digitación, hay que determinar qué consideramos enchufismo, amiguismo y colocación y qué no.

De momento, PSIB, Més y Podemos, un mes después de haber empezado a repartir cargos acuerdan que se repartan por criterios de idoneidad, lo que, en este caso, aterroriza al obligar a preguntarse cuál ha sido hasta la fecha el criterio para nombrar el personal. Del otro lado, el PP, después de haberlo hecho toda la pasada legislatura, también con más de un sub 30 en cargos similares, se escandaliza por los enchufes. Si la condena es sincera anuncia el fin del rodriguismo en las filas populares. Recuerden el análisis de la derrota electoral del PP en Palma: “Hemos perdido porqué hemos sacado 200 de los nuestros de Emaya”. O los motivos de la dimisión como conseller de Antoni Mesquida: “Quiero que quien trabaje conmigo sea gente profesional. No necesito gente de partido”.

Ábrase el debate de los asesores: cuántos debe haber, cuánto deben cobrar, qué requisitos se les debe exigir. Mientras, más allá de edades y parentescos, pongamos la cualificación de los digitados como condición de higiene para sus nombramientos. Y los partidos del Pacte que pongan su vara de medir al servicio de la comunidad: “Es reprobable que un conseller contrate a una persona relacionada sentimentalmente con él”, sentenciaba Vicenç Thomàs a la pareja de Carlos Delgado, con un currículum más amplio que el de su hijo. “De ser coherente, este mal ejemplo que ha dado Delgado hace necesaria una actuación inmediata del presidente”, añadía. ¿Cuántos cargos deberían dimitir “de ser coherente” el actual Govern de los maltidos?

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