Doctrina Infanta

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Que la Infanta sea juzgada y condenada se ha convertido en una cuestión de satisfacción general. EFE

Si se convocara en asamblea a todos los juristas de España para votar si se aplica o no la doctrina Botín a la Infanta, el resultado sería el de la última asamblea de la CUP antes de su disolución de facto: habría empate. Con los expertos incapaces de ponerse de acuerdo, que los simples mortales quieran dar su opinión parece un ejercicio de soberbia. Sin embargo, para una gran parte de la opinión pública y publicada, que la Infanta fuera liberada del banquillo sería una injusticia.

Nadie tiene claro si doctrina Botín, si doctrina Atutxa o si se innova con una personalizada doctrina Infanta. Extendido el mantra de que el derecho procesal es una minucia a la hora de decidir si alguien debe o no sentarse en el banquillo, hay que darse cuenta que ya no se trata de si es justo o no. Es necesario admitirlo: lo que ya menos importa en todo esto es la justicia. Sí, que la Infanta sea juzgada y condenada se ha convertido en una cuestión de satisfacción general. Y peor para ella: en un necesario sacrificio del sistema para apuntalarse.

Que la Infanta no fuera juzgada no sólo generaría una gran frustración en gran parte de la sociedad, sino que sería convertido en la evidencia que el sistema no funciona y que hay intocables. La cabeza de la hermana del Rey debe ser la prueba de que la justicia es igual para todos. Incluso para la Casa Real, la mejor prueba de su condición de iguales sería que Cristina fuera condenada. El Rey descansaría al librarse de insinuaciones de haber interferido para salvar a su hermana. Precisamente, la mejor prueba de que Fiscalía no actúa al dictado de Casa Real es el flaco favor que le hace al insistir en pedir que sea apartada del banquillo. Si el ministerio público dependiera de los estrategas de Zarzuela, haría tiempo que se habría abandonado a la Infanta a su suerte, como se hizo al apartarla de la Familia Real o al quitarle su condición de duquesa.

La primera vez que Castro imputó a la Infanta, antes de que la Audiencia tumbara su decisión para sugerir investigar un posible delito fiscal, explicó en su auto que “dejar la incógnita sería un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos”. El defensor de la Casa Real siempre fue Castro.

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