Lo que ya no es “corrupción”

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José María Rodríguez entrando a declarar por el caso Policía Loca. / foto: G. Bosch

Existen indicios de que después de las últimas elecciones, Podemos todavía existe. No son abundantes, pero sí más de que existan votantes socialistas agolpados pidiendo la abstención de Sánchez en la investidura de Rajoy. El PP y Ciudadanos firmarán su pacto para la investidura liberando del mal a todo aquel que no haya “metido la mano en la caja”. El líder del PP, con la formación de Albert Rivera como crucifijo, exorciza del demonio llamado corrupción a todos sus correligionarios cuyos delitos sean, según Ciudadadanos, solamente “mala praxis”, como sería el caso de José María Rodríguez con la Policía Local.

Mientras el juez prohíbe al exlíder del PP de Palma acercarse a menos de 300 metros del ayuntamiento o de la Policía Local; resulta que, de confirmarse que fue el artífice de la trama que extorsionaba a empresarios de la noche para beneficiar a otros, el pacto con el que los populares y Ciudadanos quieren investir a Rajoy dice que eso no sería corrupción. Ni montar un organigrama policial afín al partido, ni perjudicar a enemigos políticos, ni controlar la concesión de licencias de actividades, ni beneficiarse de sexo gratuito con prostitutas a cambio de favores a empresarios de la noche, se ajustarían al enriquecimiento ilícito o a la financiación ilegal al que PP y Ciudadanos restringen lo que entienden por corrupción. Todo ello ahora sólo sería “mala praxis”.

Según la nueva interpretación, Matas no fue a la cárcel por corrupción, sino por “mala praxis”. La condena de nueve meses que cumplió el expresident balear por subvencionar a la agencia del periodista que le escribía los discursos no se ajusta a la definición: ni enriquecimiento ilícito de Matas, ni financiación ilegal. Tampoco sería corrupción el amaño del concurso de Son Espases. Sin haberse podido vincular las donaciones de Villar Mir anotadas en los papeles de Bárcenas a que el expresident ordenara manipular la adjudicación de la obra del hospital al empresario, todo el caso quedaría ceñido también a la “mala praxis”. Es más, de los acusados en el caso Nóos, sólo Urdangarín y Diego Torres habrían sido juzgados por corrupción; Matas, otra vez, sólo habría cometido “mala praxis”.

Menos mal que queda sobre la mesa el Caso Over, la agencia de publicidad cuyo dueño confesó los pagos en negro pagados por Rodríguez y el acuerdo con el PP de que parte de la campaña electoral sería pagada con la adjudicación de contratos públicos. Ni con la rebaja del listón de lo que ahora consideraremos corrupción, eso se libra de serlo. La izquierda se pone las manos a la cabeza de la nueva definición olvidando que también la presidenta Francina Armengol minimizó que el exalcalde socialista de Lloseta, Bernat Coll, hubiera sido condenado por prevaricar, argumentando que, en su caso, no había ‘metido la mano en la caja‘. Més no aclara que rebaje el listón pero privatiza la comunicación de la Agencia Balear de Turismo (ATB) y la deja en manos del exalto cargo de Maria Antònia Munar y condenado por corrupción Antoni Martorell.

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